BUENOS AIRES (AP) — Una organización católica estadounidense afirmó que el papa Francisco se demoró en tomar medidas contra dos sacerdotes argentinos que fueron acusados y condenados de abuso sexual; le pidió que se disculpe por la supuesta protección que la Iglesia católica argentina habría ofrecido a los clérigos y le solicitó que haga público los expedientes de ambos casos.
Un abogado de uno de los casos dijo que el hoy papa Jorge Mario Bergoglio no se había reunido con sus clientes que sufrieron abusos ni los había ayudado. También denunció que funcionarios de nivel medio de la Iglesia católica, que trataron de encubrir estos hechos, siguen en sus puestos de trabajo.
La exigencia de la organización Bishop Accountability (Rendición de Cuentas de Obispos), que rastrea casos de menores víctimas de abusos, se refiere a los sacerdotes Julio César Grassi y Napoleón Sasso, a quienes la justicia argentina los condenó por pederastia.
En los dos casos, los sacerdotes fueron condenados, en buena medida, porque hubo investigaciones internas de la iglesia o porque varios miembros de la institución denunciaron los casos de abuso.
Pero críticos dicen que autoridades de la iglesia trataron de encubrir los hechos.
Bergoglio, quien se convirtió en cardenal de Argentina en 2001, no ha estado involucrado directamente en escándalos de abusos sexuales o encubrimientos, pero no logró destituir a los sacerdotes acusados y se negó a reunirse con las víctimas, dijo a Associated Press el abogado Ernesto Moreau, que representa a las menores abusadas por Sasso.
“Bergoglio es el hombre más fuerte de la iglesia argentina desde el principio del siglo”, dijo Moreau. “Nunca la cúpula de la Iglesia hizo algo para sacar las personas de estos lugares, tampoco hizo nada para aliviar el dolor de las víctimas”.
The Associated Press intentó comunicarse sin éxito con Federico Wals, portavoz del Arzobispado de Buenos Aires, para conocer su opinión sobre las acusaciones, que salieron a la luz pública en momentos en que el papa Francisco era entronizado como tal en una ceremonia litúrgica en el Vaticano que dio la vuelta al mundo.
Grassi encabezó la Fundación “Felices los Niños”, que tenía a cargo varios hogares para menores y programas sociales y quein fue condenado, en primera instancia, por la justicia argentina a 15 años de cárcel en junio de 2009 por el abuso sexual de un menor.
El sacerdote permanece en libertad hasta tanto la Cámara de Casación argentina no resuelva una apelación.
Bergoglio ordenó una indagación interna que encontró “una serie de irregularidades”, que luego propició una investigación judicial en contra de Grassi.
Al final, Grassi fue condenado y los niños quedaron bajo custodia de la justicia y la iglesia, según un comunicado emitido por el arzobispado de Buenos Aires.
La institución encabezada por el hoy papa dijo que “luego de un informe presentado por la Vicaría de la Educación” de esa institución “y considerando la seriedad de los hechos, se realizó un trámite al cual están obligadas todas las personas e instituciones cuando esos hechos suceden con menores”.
“Este trámite consiste en una presentación o comunicación ante la justicia. No es una denuncia, sino que se comunica a la justicia lo conocido en el informe para que ella actúe si lo cree necesario”.
El arzobispado también afirmó que los encargados de la indagación interna “obraron correctamente”. Entre ellos estaba monseñor Horacio Benites Astoul.
Bergoglio públicamente no ha tenido un vínculo tan directo con el caso de Sasso, pero como la máxima autoridad de la iglesia en Argentina debía haber ejercido una supervisión sobre la conferencia episcopal que aprueba las transferencias de sacerdotes entre diócesis.
Napoleón Sasso fue trasladado varias veces, según relato de Moreau, abogado de las niñas víctimas.
Tras de ser acusado de cometer abusos sexuales en 1994 en la provincia de San Juan, al oeste argentino, Moreau dijo que en 1997 Sasso fue “colocado en lugar de descanso para curas con problemas sexuales, sin control médico”.
Tres años después, fue trasladado a un comedor popular instalado dentro de una capilla en la localidad de Pilar, en la misma diócesis de Zarate-Campana. En ese lugar, desde 2002, abusó de las 25 niñas 3 y 16 años, según Moreau.
Sasso fue condenado en noviembre de 2007 a 17 años de cárcel por el abuso de cinco de las menores. Las restantes no quisieron exponerse en un juicio, dijo Moreau.
Desde noviembre de 2012, este sacerdote goza del beneficio de salir una vez al mes de la prisión.
La co-directora de Bishop Accountability, Anne Doyle, dijo a la AP que Bergoglio se demoró en enfrentar los abusos sexuales de sus sacerdotes, cuando el escándalo de los abusos de menores por parte sacerdotes estalló a nivel global años atrás, cuando miles de casos se hicieron públicos en Estados Unidos y el resto del mundo.
“Las víctimas de estos dos sacerdotes son los mismos hijos de Dios sobre quien estaba hablando en su homilía de hoy”, agregó Doyle. “Ellos son los más vulnerables entre los pobres. Esperamos que Francisco haga de esto una prioridad, que se comunique con las víctimas y rectifique su terrible indiferencia para con ellos cuando era arzobispo”.
El grupo dijo que para enviar un mensaje de “cero tolerancia” frente a estos casos de abuso sexual, el papa Francisco debe pedirle a la arquidiócesis de Buenos Aires que: 1) haga públicos los expedientes de estos dos casos; 2) que identifique a otros sacerdotes sobre los que pendan acusaciones que sean creíbles; 3) que apoye públicamente la obligación de denunciar ante las autoridades cualquier sospecha de abuso; 4) que admita que se equivocó al defender a los sacerdotes condenados; 5) que ofrezca disculpas a las víctimas de Grassi y Sasso y 6) que programe una reunión inmediata con las víctimas.
Según Bishop Accountability, Bergoglio se reunía con Grassi y quiso evitar que ese sacerdote fuera encarcelado después de que se le condenó a prisión. En una entrevista periodística antes de que su proceso judicial se fallara en primera instancia, Grassi dijo que el arzobispo de Buenos Aires “jamás” le “soltó la mano”.
Pero el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que actuó como querellante en el juicio, dijo que nunca nadie le solicitó a Bergoglio una audiencia para que recibiera a las víctimas de Grassi.
El Comité, que asumió la representación de los menores, incluso destacó que el ahora papa intervino personalmente para reubicar a los niños del hogar infantil que dependía de la fundación liderada por Grassi y que fue cerrado por falta de dinero.
El Comité dijo al AP que espera que en su nuevo rol de papa, Bergoglio tome medidas concretas contra los sacerdotes pedófilos.
En el Vaticano, el papa Francisco será el responsable del trabajo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el año pasado le pidió a las conferencias episcopales de la iglesia en todo el mundo que elaboraran directrices completas para evitar y manejar los casos de abuso sexual. Los obispos tienen un año de plazo para elaborar dichas directrices que incluyen un mejor proceso de selección de los sacerdotes, destituir a los posibles abusadores, educar a la población laica sobre el problema y reportar sospechas de abuso sexual a las autoridades civiles en los países en los que exista el deber de denunciar la comisión de crímenes.
En Argentina, las críticas contra el ahora papa han estado siempre dirigidas a su supuesta complicidad con la última dictadura militar (1976-1983) y no contra el presunto encubrimiento de casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica en el país.
El biógrafo autorizado del papa, Sergio Rubin, dijo a la AP antes del conclave que él había asumido una línea cada vez más dura sobre los abusos sexuales por parte del clero. Bergoglio insistió en que los sacerdotes acusados fueran sometidos a juicio, e impuso un minucioso proceso de selección en un intento de eliminar a los problemas a futuro, dijo Rubin.
Y en el libro ‘Sobre el Cielo y la Tierra’, editado en 2012, en el que Bergoglio y el rabino Abraham Skorka entablan un diálogo religioso, el entonces cardenal dijo que la iglesia no debe ignorar el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes.
“Cuando eso sucede, no se debe pasar por alto”, dijo Bergoglio. “No se puede estar en una posición de poder y destruir la vida de otra persona”. También dijo que los clérigos culpables de esos delitos deberían ser despojados de su derecho a desempeñar funciones sacerdotales.
Se desconoce públicamente si Bergoglio ejerció, o no, un rol al interior de la iglesia acerca del caso de Sasso.
El comedor a cargo de Sasso estaba en una capilla, dónde el sacerdote tenía un dormitorio y el un sólo baño que compartía con la comunidad.
“El baño tenía dos puertas”, dijo el abogado Moreau. Las niñas “iban al baño por una puerta externa y el sacerdote las hacía pasar a su dormitorio, donde abusó sexualmente de ellas. Era gente muy humilde que iba a comer mientras sus padres trabajaban. Se encontró un enorme material pedófilo en su computador, semen, condones y un enorme desorden en su habitación”.
Un sacerdote médico y una monja se dieron cuenta de los abusos y acudieron a autoridades de la iglesia que les dijeron que tuvieran “paciencia”, según Moreau.
Pero con el tiempo, ambos llevaron los casos a autoridades superiores y la indagación penal se inició. Los funcionarios de nivel medio que encubrieron los crímenes de Sasso siguen en sus puestos, mientras que el sacerdote y la monja se vieron obligados a trabajar en otros lugares, dijo el abogado.
Tiempo después, Sasso se convirtió en prófugo y se escondió durante un año en una propiedad de la misma diócesis donde ocurrieron los casos de abuso, dijo Moreau.
En Estados Unidos, los archivos confidenciales de cientos de sacerdotes pedófilos se han hecho públicos en procesos civiles, conciliaciones o por órdenes judiciales. Los archivos pusieron de manifiesto cómo altos funcionarios de la Iglesia católica trabajaron tras bambalinas para controlar el escándalo y evitar que las autoridades y los feligreses se enteraran de lo sucedido.
En Latinoamérica, esos archivos confidenciales no se han hecho públicos, las víctimas tienen menos probabilidades de denunciar a los curas pedófilos y de presentar una demanda civil por daños y perjuicios.
“Esa es una gran diferencia”, dijo Ramón Luzarraga, experto en la Iglesia católica en América Latina. “La información es poder”.
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Los periodistas de The Associated Press Gillian Flaccus en Los Ángeles y Nicole Winfield en Roma contribuyeron para este despacho.
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