NUEVA YORK (AP) — El tiempo se acaba para los agricultores hispanos que se han sentido discriminados por el gobierno estadounidense y quieren recibir compensación económica, algo que algunos se apresuran a reclamar mientras otros lo hacen con reticencia, irritados con las autoridades federales tras años de batallas legales y ahora una compensación que consideran insuficiente.
El gobierno extendió recientemente la fecha límite para reclamar la compensación al 1 de mayo y asegura que entregará pagos de hasta 50.000 o hasta 250.000 dólares a cada campesino hispano que califique. El Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés) pretende así corregir los errores del pasado al haberse demostrado que discriminó a minorías por no ofrecerles créditos o préstamos durante la década de 1980 y 1990.
“Yo sembraba bastante y pues pedíamos dinero (al gobierno) pero no nos lo daban”, dijo Eduardo Provencio, un agricultor de lechugas, tomates y otros vegetales en Nuevo México. “Ahora considero que este proceso es una injusticia. No estamos satisfechos con esto”.
Quizás muchos no están satisfechos, pero parece que no ven otra salida.
Al menos 26.000 agricultores hispanos y mujeres agricultoras solicitaron hasta la semana pasada ser compensados económicamente por el Departamento de Agricultura desde que éste inició el proceso de solicitud de compensación económica en septiembre de 2012.
Por otro lado, más de 66.000 agricultores hispanos y mujeres agricultoras han expresado hasta ahora interés en presentar un reclamo y ser compensados, informó el Departamento de Agricultura. La cifra representa el número que ha solicitado recibir los formularios de reclamación por correo y no incluye a los que prefieren imprimirlos desde internet.
Tras una batalla legal de más de 10 años en las cortes, los campesinos hispanos no lograron que su caso fuera admitido como una demanda colectiva, lo que significa que los interesados en recibir dinero deben demandar cada uno individualmente o pueden participar en el proceso actual de reclamación.
“El secretario (de Agricultura Tom Vilsack) y el presidente (Barack) Obama consideraron una prioridad resolver todos los casos de derechos civiles que enfrenta el Departamento. Así que, al instituir este proceso de reclamación, el secretario y el presidente sintieron que se ofrecería a los productores una oportunidad para resolver muchos de estos casos”, dijo Juan García, administrador del Farm Service Agency del Departamento de Agricultura.
El funcionario destacó que el gobierno se ha esforzado en los últimos meses para que la mayor cantidad de campesinos hispanos posible oyera sobre el proceso de reclamación.
“Estoy muy satisfecho con la cantidad de paquetes de reclamaciones que hemos recibido hasta la fecha y espero que antes del primero de mayo recibamos muchos más”, agregó García durante una entrevista con The Associated Press.
Algunos agricultores, sin embargo, describen las reclamaciones como una forma injusta de tratarlos y quieren llegar a un acuerdo con el gobierno que les garantice los millones de dólares que recibieron agricultores afroestadounidenses tras una demanda similar por discriminación. La demanda de los hispanos fue interpuesta en el año 2000 por 86 agricultores.
“Queda sólo una semana. Nos ponen mucha presión. Nos están quitando nuestros derechos”, dijo Lupe García, director ejecutivo de Hispanic Farmers and Ranchers of America y principal demandante en la batalla legal.
García, un agricultor de origen mexicano en Nuevo México, asegura que formar parte del proceso de compensación que ofrece ahora el Departamento de Agricultura significa rendirse ante el gobierno y conformarse con menos.
“Esto es una injusticia para nosotros”, señaló. “Los abogados dicen que sigamos con esto para sacar algo de dinero, pero eso nos hace débiles. Necesitamos a alguien que pelee por nosotros”, agregó.
El gobierno asegura que hace disponible más de 1.300 millones de dólares en compensación para agricultores hispanos y mujeres agricultoras. También ofrece hasta 160 millones de dólares para redimir deudas. El proceso es gratis, sin tarifas a pagar y tampoco se requiere la ayuda de un abogado, aseguran las autoridades federales.
De los 2,2 millones de granjas en Estados Unidos unas 66.671 están operadas por agricultores hispanos, según datos de 2007 del censo de agricultura. La mayoría de los agricultores hispanos están en Texas, California, Nuevo México, Florida y Washington.
Algunos de ellos siguen a la expectativa, buscando alguna alternativa a la reclamación.
“Todavía no he firmado los papeles. Estamos esperando a ver si logramos a otros abogados o algo para seguir con la causa (judicial)”, dijo Provencio, un granjero de 66 años de origen mexicano. “No es justo lo que vivimos ahora”.
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