WASHINGTON (AP) — Charlotte Scot no es alguien que deje que las cosas sucedan sin protestar, como cuando decidió mudarse a Canadá para protestar por la reelección de George W. Bush como presidente.
Así que cuando la artista de 66 años de Old Lyme, Connecticut, se enteró de que grandes proveedores de telecomunicaciones han estado entregando información al gobierno sobre las llamadas telefónicas de estadounidenses desde 2006, Scot exigió que la compañía telefónica que le brindaba servicio le indicara qué había compartido sobre ella, si es que lo había hecho.
Pronto recibió una respuesta evasiva de un representante anónimo de servicio al cliente que le informó cómo podía salir de su programa de mercadotecnia, lo que molestó más a Scot.
“Querido anónimo”, respondió Scot en un mensaje por correo electrónico, “Siempre he optado por no participar en ningún programa publicitario por correo electrónico… Sin embargo, mi pregunta no es sobre publicidad. Es sobre la información que AT&T entrega al gobierno federal y a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Le agradezco una respuesta a esta pregunta”.
AT&T finalmente respondió con un hiperenlace sobre su política de privacidad y una promesa de que, si bien no hace declaraciones sobre asuntos de seguridad nacional, “nosotros cumplimos con la ley”.
Los estadounidenses están cada vez más preocupados por la invasión a su privacidad de parte del gobierno mientras éste realiza investigaciones contra el terrorismo, y algunos ciudadanos comunes están encontrando la manera de frenarla. Firman peticiones por internet y amenazan con presentar demandas legales. Al igual que Scot, algunos presionan a sus proveedores de servicios a ser sinceros cuando se comparte información con el gobierno, algo que la ley federal permite siempre y cuando la persona no esté siendo investigada bajo una orden de una corte.
La pregunta es si estos electores que se oponen a la vigilancia tendrán éxito en la creación de un movimiento populista más amplio. Muchos legisladores han defendido el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), un programa que el Congreso mismo revisó y aprobó en secreto.
Y a diferencia de los esfuerzos contra la guerra que encabezaron los demócratas durante el gobierno de Bush, y el movimiento del Tea Party que impulsó a los conservadores en el primer periodo del presidente Barack Obama, quienes se oponen a las operaciones de espionaje del gobierno tienden a extender puentes partidistas. La causa apela a los republicanos libertarios que rechazan que el gobierno se extralimite y a progresistas como Scot, que está a favor de las libertades civiles. Aparte de eso, estos electores tienen muy poco en común.
Otra dificultad es la posibilidad de otro ataque terrorista. Un incidente grave y la opinión pública podrían favorecer, como sucedió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la vigilancia del gobierno. Los políticos lo saben: Mientras muchos de ellos optan por criticar al gobierno de Obama por no ser más transparente, la mayoría se opone a poner fin a los poderes de vigilancia extensa.
“Si de hecho algo sucede, uno prácticamente se coloca en una situación en la que parecería que no se hizo algo cuando era debido. Y deben tener eso en mente”, dijo Ed Goeas, presidente del Tarrance Group en Alexandria, Virginia, una compañía republicana de estrategia e investigación por sondeo.
Al igual que sus contribuyentes, los legisladores también están divididos. El mes pasado, una propuesta de la Cámara de Representantes que básicamente habría vuelto ilegal el programa de intervención telefónica de la NSA fracasó en una votación 217-205 que no logró crear puentes partidistas. El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, de Ohio, y la líder de los demócratas Nancy Pelosi, de California, estuvieron entre los 217 que votaron a favor de mantener el programa.
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