BRASILIA (AP) — El movimiento de protestas callejeras que estremece a Brasil desde hace dos semanas obtuvo una victoria en el Congreso, luego de que la Cámara de Diputados rechazó a altas horas de la noche del martes un proyecto que retiraba facultades investigativas a la fiscalía y que era objeto de una oposición enconada de los manifestantes que temieron ver debilitado el combate a la corrupción.
Fue una nueva victoria para el movimiento callejero masivo que surgió en Brasil en las últimas dos semanas. Previamente, varias ciudades desistieron de aumentar los pasajes de autobús y la presidenta Dilma Rousseff creó una nueva agenda de gobierno que atiende los reclamos de la población de mejor transporte público, más inversiones en educación y mayor rigor en el combate a la corrupción, como reclaman los manifestantes.
La propuesta de enmienda constitucional, conocida popularmente como PEC 37, fue uno de los blancos predilectos de los manifestantes que por millares tomaron las calles de ciudades grandes y pequeñas de Brasil con rótulos de “Diga no a PEC 37”, por considerar que fragilizaría el combate a la corrupción al impedir que fiscales del Ministerio Público realicen investigaciones en casos criminales.
La iniciativa, apoyada por los cuerpos policiales que tienen la función de hacer las investigaciones criminales, parecía encaminada a una victoria fácil por contar con respaldo de una amplia mayoría de la coalición oficialista y parte de la oposición.
El panorama cambió con las protestas callejeras que estallaron dos semanas atrás con una agenda amplia y difusa que incluye el combate a la corrupción y la defensa del poder judicial, visto como el brazo más independiente y despolitizado del gobierno.
La cámara baja votó por 430 votos por rechazar la enmienda, con nueve votos a favor y dos abstenciones, entre los 531 integrantes del cuerpo legislativo, ante al aplauso de una multitud de miembros del Ministerio Público que colmaron las galerías de la cámara y entonaron el himno nacional.
“Fueron las calles las que levantaron la ceguera en que se encontraba la clase política”, manifestó el diputado Domingos Dutra, del gobernante Partido de los Trabajadores, al celebrar el rechazo de la enmienda, que a su juicio habría sido aprobada de no ser por las manifestaciones.
Varias de las protestas que se han realizado los últimos días en más de un centenar de ciudades brasileñas fueron convocadas en directa oposición a la enmienda constitucional, cuyos defensores alegaron que compete a los cuerpos policiales especializados realizar las investigaciones en casos criminales y no al Ministerio Público.
“La PEC 37 sólo va a servir para proteger a los corruptos. La sociedad lo que quiere es más esfuerzo para combatir la corrupción, no menos”, declaró la publicista Aline Campos, de 29 años, al protestar en Brasilia contra la iniciativa.
Para la profesora de Ciencias Políticas Marlise Matos, de la Universidad Federal de Minas Gerais, el interés de la población por una iniciativa de difícil comprensión para la mayoría refleja una preocupación por defender a la fiscalía.
“El Ministerio Público es una de las instituciones más democráticas de Brasil y ha cumplido un papel de acompañar las denuncias de corrupción”, explicó Matos. “No es cierto que la corrupción ha aumentado. Lo que ha sucedido es que el Ministerio Público ha tenido un papel más protagónico en denunciarlo”, agregó.
Los manifestantes consiguieron también una segunda victoria en la Cámara de Diputados después de la votación de la PEC 37, cuando los legisladores aprobaron destinar la totalidad de las regalías por ingresos petroleros para el gobierno federal, estados y municipios a la educación y la salud.
Según la votación que se extendió hasta la madrugada del jueves, 75% de las regalías generadas por el petróleo se destinará a la educación y 25% a la salud, luego de que los manifestantes reclamaron mayores inversiones en esos servicios. Esta distribución debe ser votada en el Senado antes de ser ratificada por la presidenta Rousseff.
Por su parte, el presidente del Senado, Renan Calheiros, anunció una agenda de votaciones para las próximas dos semanas para atender demandas de los manifestantes, incluyendo transporte público gratuito para estudiantes y una reforma que tipifica a la corrupción como un crimen grave punible con prisión.
También pretende votar iniciativas que obligan al gobierno a destinar 10% del producto interno bruto a la educación y otro 10% a la salud.
Una nueva ola de manifestaciones fue convocada para el miércoles en varias ciudades brasileñas, incluyendo Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador y Manaus.
