PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — El sentir nacional en el tema de la inmigración ha cambiado en forma radical desde que Arizona aprobó una histórica ley sobre el tema, la cual desató intensa controversia en todo Estados Unidos sobre la seguridad fronteriza y el tratamiento que el país da a los inmigrantes.
Apenas tres años después, el presidente Barack Obama y legisladores de ambos partidos en el Congreso están cabildeando por la primera reestructuración de la ley de inmigración del país en casi tres décadas. Y la opinión pública está de su parte.
El cambio, notable y casi impactante, ha reavivado el debate en Arizona y otros estados que se oponen a la inmigración masiva sobre si es momento de redoblar esfuerzos o ceder.
La ley de Arizona generó denuncias internacionales de que el escrutinio policial era ilegal e inspiró un puñado de leyes semejantes en la nación. El núcleo de la medida exige a la policía interrogar a sospechosos sobre su estatus de inmigración, una estipulación que sería socavada enormemente si millones de inmigrantes tienen la posibilidad de obtener estatus legal para residir en el país.
“Arizona estuvo, está y siempre estará preocupada primordialmente por la seguridad fronteriza”, dijo el legislador estatal John Kavanagh, uno de los arquitectos republicanos de esa ley local. “No importa qué tanto lo deseen, no van a conseguir que el pueblo estadounidense dé la espalda a la seguridad fronteriza y al estado de derecho”.
Kris Kobach, secretario de gobierno del estado de Kansas y autor de la ley de inmigración de Arizona, sigue siendo un defensor ávido de las políticas de “autodeportación” como la mejor defensa contra la inmigración ilegal.
“Arizona ha demostrado que si se aumentan las penalizaciones la gente obedece”, dijo Kobach el lunes durante una audiencia del Senado sobre inmigración.
El cambio integral propuesto a la ley de inmigración del país permitiría la entrada de decenas de miles de trabajadores, tanto altamente capacitados como con pocos estudios, y extendería derechos legales a aproximadamente 11 millones de inmigrantes que carecen de permiso legal y que ya están en territorio estadounidense. Además busca fortalecer la seguridad en la frontera e incluye duras penalizaciones a la inmigración sin autorización legal, señal de que sigue vivo el legado de Arizona para hacer valer la ley al pie de la letra.
Sin embargo, la retórica contra la inmigración ilegal se ha vuelto mucho más cortés desde 2010, cuando el fervor sobre el tema estaba en un clímax y Arizona aprobó la Iniciativa 1070 del Senado. Entonces, una campaña nacional para poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento advertía de mujeres hispanas y asiáticas que se apresuraban a cruzar la frontera para dar a luz en suelo estadounidense.
Los candidatos competían por escaños en la cámara baja federal con anuncios en televisión que mostraban a mexicanos amenazadores. Se hablaba de bandas de secuestradores, pandillas, cárteles de narcotraficantes y cuerpos decapitados en el desierto.
Actualmente, los dos senadores federales republicanos de Arizona están entre quienes encabezan el esfuerzo de cambio a la ley de inmigración; el legislador estatal de Arizona que creó la ley local fue obligado por los votantes a dejar el puesto y la propuesta que avanza en el Congreso garantizaría dar estatus legal a la mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso.
“Estamos viendo un cambio importante en la opinión pública”, dijo Tony Payan, del Instituto James A. Baker III de Políticas Públicas, de la Universidad Rice en Texas. “Nos tomó a todos por sorpresa”.
Tanto los republicanos como los demócratas dicen que el punto de inflexión se dio en los comicios de noviembre, cuando la gran mayoría de los votantes hispanos y asiáticos le dieron a Obama un segundo período al frente del gobierno tras años de retórica republicana contra los inmigrantes, y apenas meses después de que el gobierno federal anunció una política sin precedentes que le permite a los inmigrantes que ingresaron al país cuando niños y que estén estudiando la posibilidad de buscar la ciudadanía.
Mientras que el presidente republicano George W. Bush ganó más del 40% del voto latino en 2004, su colega de partido Mitt Romney sólo recibió el 27% del respaldo hispano, menos que cualquier candidato presidencial en 16 años.
“Si aprobamos este proyecto de ley, no creo que ganemos un solo voto hispano de inmediato”, dijo el senador de Arizona John McCain al dar a conocer la ley nacional sobre inmigración la semana pasada. “Lo que sí hace es que nos pone en un terreno de juego parejo para competir por esos votos”.
Desde hace mucho tiempo Estados Unidos tiene una larga historia de desconfianza hacia los inmigrantes, dijo Mark Hugo López, director asociado del Centro Pew sobre los Hispanos en Washington. Hace casi dos décadas, la mayoría de los estadounidenses consideraban a los inmigrantes una carga para el país. En marzo, sólo el 41% de los habitantes dijeron que aún se sentían así, señaló López.
Los votantes jóvenes y liberales están dando forma a la opinión pública, pero también los hispanos, que en 2010 formaban el 16,3% de la población de Estados Unidos, un incremento en comparación con el 12,5% en 2000. En total, más de 40 millones de hispanos contarán con los requisitos para votar en 2030, de acuerdo con información del Pew.
Un descenso constante en la inmigración sin permiso desde 2006 y una recuperación económica gradual —la cual provocó que la tasa de desempleo nacional se ubicara en marzo en su nivel más bajo en cuatro años— también han influido en que haya cambios en el debate sobre inmigración.
“La gente está verdaderamente cansada del tema y desea que desaparezca (del panorama)”, dijo Audrey Singer, especialista en políticas sobre inmigración en la Brookings Institution de Washington. “El reconocimiento de que es mejor saber quiénes son los que están viviendo en nuestro país y sacarlos de las sombras, de forma que todos los trabajadores se beneficien, parece tener resonancia entre la gente”.
En los últimos meses, los legisladores estatales en todo el país han sometido a debate el extender los derechos a los inmigrantes que viven en el país sin autorización, incluido un mayor acceso a la educación superior y a las licencias de conducir.
El senador estatal demócrata Steve Gallardo lleva años trabajando para revocar la ley de Arizona sobre inmigración, pero en gran medida ha sido ignorado por la legislatura encabezada por los republicanos. La conversación sobre el tema en Washington es un indicio de que esa ley estatal tiene un futuro poco promisorio, señaló Gallardo.
“Esto es lo que Estados Unidos desea”, dijo con relación a una reforma amplia a las leyes de inmigración.
Sin embargo, el sentimiento del público en torno a la inmigración fácilmente podría cambiar de nuevo si hay una modificación en la economía o si el Congreso va demasiado lejos, dijo Ira Mehlman, portavoz de la Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense, que se opone al proyecto de ley propuesto.
“Si revisas las cláusulas de la 1070, la mayoría de los estadounidenses todavía las respaldarían”, dijo Mehlman.
