LOS ANGELES (AP) — Dos de las cuatro organizaciones de dreamers más grandes del país dejaron de trabajar por una reforma migratoria integral y otra todavía apoya la campaña pero también comenzó a exigir otros tipos de beneficios para quienes ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal.
La primera organización en dejar de creer que se avanzará una reforma este año fue la California Immigrant Youth Justice Alliance, que a partir del mes pasado comenzó a enfocarse en sus pedidos de cese de deportaciones y ampliación de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama para jóvenes que viven en el país sin autorización.
“No vamos a conseguir una reforma migratoria este año y sí, la gente va a continuar trabajando por una reforma migratoria porque tiene que hacerlo, porque han invertido millones de dólares en esas campañas y no es cómo que ahora van a decir, ‘Nada, esa es la estrategia equivocada. No hagamos esas movilizaciones el 5 de octubre”’, dijo Neidi Domínguez, manager de campañas de organización de California, en referencia a la convocatoria nacional en favor de una reforma.
Los dreamers son jóvenes que fueron traídos al país de niños y que viven en el país sin autorización legal. Se calcula que hasta 1,7 millones de jóvenes podrían ser aptos para beneficiarse de la prerrogativa presidencial otorgada en junio del año pasado.
El presidente Barack Obama dijo el martes que no contempla suspender las deportaciones de indocumentados distintos a los dreamers.
“Si comenzamos a expandir eso, entonces esencialmente, yo estaría haciendo caso omiso de la ley en una manera que sería muy difícil de defender con argumentos legales. Así que eso no es una opción”, dijo el presidente, según la transcripción completa de la entrevista que dio a Telemundo.
A la organización californiana le siguió la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, que desde la semana pasada se enfoca en la aprobación del Dream Act, una iniciativa que beneficiaría a este grupo, en el retorno de los que ya fueron enviados a sus países de origen y en promover un deportaciones y medidas migratorias que tengan opción de ser aprobadas.
“Alguien tiene que decir que la reforma migratoria está muerta para que podamos seguir avanzando”, dijo Mohammad Abdollahi, cofundador de la coalición más combativa. “Queremos que lo que pueda convertirse en ley, se apruebe. Si la propuesta de los campesinos tiene posibilidades, que se apruebe”.
El primer empuje de esta alianza a una medida migratoria que no sea integral ocurrió la semana pasada en California, cuando se movilizó para promover una medida para dar licencias de conducir especiales a inmigrantes sin papeles. La iniciativa fue aprobada el jueves por ambas cámaras y el gobernador ha indicado que la firmará.
La tercera organización, DRM Capitol Group, todavía trabaja por una reforma migratoria integral pero ha comenzado a presionar a la Casa Blanca para que Obama amplíe su orden ejecutiva, conocida como DACA, para todos los inmigrantes sin papeles.
“Nuestra postura está en el punto medio pero no somos inocentes, no estamos diciendo, ‘oh, vamos a lograr una reforma migratoria este año’. Estamos dejando espacio político para que los legisladores y el Congreso hagan algo pero al mismo tiempo, nos damos cuenta de que tenemos que exigirle al presidente que nos de diferentes tipos de alivio migratorio”, dijo el martes César Vargas, fundador de DRM Capitol Group.
“Queremos darle una oportunidad al proceso político pero la gente sigue siendo deportada y nosotros, los dreamers y nuestras familias, no podemos darnos el lujo de escuchar debates académicos y legislativos. Necesitamos acción ahora”, agregó.
Las posturas de estas organizaciones son importantes porque los dreamers han estado en muchas ocasiones a la vanguardia del movimiento por una reforma migratoria.
United We Dream, la coalición de dreamers más grande del país, no contestó varios mensajes que le dejó The Associated Press. Esta organización ha dicho hasta hace poco que sigue trabajando en favor de una reforma.
El Congreso mantiene en el limbo a la reforma migratoria, ya que la mayoría republicana en la cámara baja se ha mostrado reacia a debatir el proyecto de ley aprobado por el Senado en junio, el cual concede a los inmigrantes sin papeles la opción de la naturalización.
La comisión judicial de la cámara baja aprobó en julio cinco proyectos de ley en áreas migratorias, todos de corte restrictivo a la inmigración ilegal.
La agenda legislativa que recibe a los congresistas tras su receso primaveral de cinco semanas luce copada con otros asuntos complicados como el debate sobre el financiamiento del gobierno federal y del tope para la deuda pública.