WASHINGTON (AP) — El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos criticó el jueves la revelación de documentos secretos y trató de aclarar cómo el gobierno recopila información sobre el uso de teléfonos e internet por parte de la población. El funcionario dijo que se estaban desclasificando algunos aspectos del programa de supervisión para ayudar a la población a entenderlo mejor.
James Clapper, director de Inteligencia Nacional, calificó de “censurable” la revelación de un programa de vigilancia de internet y dijo que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos del país. Clapper agregó que una filtración que reveló un programa para recopilar registros telefónicos afectaría cómo los enemigos de Estados Unidos se comportan y dificultaría comprender sus intenciones.
“La revelación no autorizada de documentos de un tribunal federal secreto amenaza con dañar potencialmente a largo plazo y de manera irreversible nuestra capacidad para identificar y responder a los muchos retos que enfrenta nuestra nación”, dijo Clapper en una inusual declaración emitida tarde.
Al mismo tiempo, trató de aclarar cualquier confusión sobre los dos programas, tomando la decisión poco común desclasificar algunos detalles sobre la autoridad usada en el programa de recopilación de registros telefónicos y alegar que los artículos sobre el programa de internet “contienen numerosas inexactitudes”, que no especificó.
La clave del asunto es una orden judicial, revelada el miércoles por el diario británico The Guardian, que exige que la empresa telefónica Verizon entregue “diariamente” los registros de las llamadas de sus clientes. Por separado, The Washington Post y The Guardian reportaron el jueves la existencia de otro programa usado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) y el FBI que supervisa a las principales compañías de internet del país para extraer información de audio, video, mensajes electrónicos y otros datos.
Clapper dijo que el programa de internet, conocido como PRISM, no puede usarse para espiar intencionalmente a ningún estadounidense ni a nadie en Estados Unidos. El funcionario agregó que un tribunal especial, el Congreso y el poder ejecutivo supervisan el programa y que la existencia de procedimientos amplios aseguran que la adquisición, retención y diseminación de información recopilada accidentalmente sobre ciudadanos estadounidenses se mantiene al mínimo.
Clapper dijo que el Congreso había vuelto a autorizar la sección de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) que a su vez autoriza tal programa.
“La información recopilada a tenor con este programa está entre la más importante y valiosa información de inteligencia extranjera que recopilamos y que se usa para proteger a nuestra nación de una amplia gama de amenazas”, dijo Clapper.
El funcionario reconoció los riesgos inherentes a discutir en público detalles del programa de registros telefónicos, pero afirmó que quería corregir “la impresión engañosa” creada por el artículo que reveló su existencia. “Creo que es importante que el pueblo estadounidense entienda que los límites de este programa específico antiterrorista y los principios que gobiernan su uso”.
Con ese fin, Clapper dijo que ordenaba de inmediato de desclasificación y publicación de ciertos detalles sobre la cláusula de FISA que gobierna ese programa.
Un panel especial conocido como Tribunal FISA autoriza el programa de registros telefónicos y lo revisa cada 30 días, dijo Clapper, agregando que el Departamento de Justicia supervisa la información recopilada a tenor con la orden del tribunal. Explicó que sólo una pequeña parte de los registros se examinan porque en su mayoría no tienen ninguna relación con investigaciones de actividades terroristas.
El tribunal también prohíbe al gobierno revisar indiscriminadamente información telefónica, lo que dijo sólo puede solicitarse cuando hay hechos específicos que respaldan una sospecha razonable de una asociación con algún grupo terrorista extranjero. Clapper dijo que a los funcionarios que tienen acceso a esos registros deben ser especialmente autorizados y capacitados en procedimientos aprobados por el tribunal.
Clapper también citó la ley antiterrorista Patriot Act y señaló que los gobiernos de Obama y Bush habían reautorizado la cláusula usada para autorizar el programa. La cláusula en cuestión trata de la capacidad de obligar a una entidad a entregar registros comerciales.
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Josh Lederman está en Twitter en http://twitter.com/joshledermanAP
